Resumen: Se indica que la tutela de la libertad sindical no puede impedir que la empresa se organice para salvaguardar la salud de los empleados en la situación surgida a raíz de la pandemia y por ello no existe una intangibilidad absoluta del ejercicio del derecho a la libertad sindical, ni toda conducta empresarial que incida en el ejercicio de ese derecho supone una vulneración del mismo. En este caso la empresa -cuya actividad no estaba excluida- fue informada por la Inspección de Trabajo el 29.04.20 sobre las medidas fijadas por las autoridades sanitarias para prevenir de riesgos laborales frente a la exposición al Covid, advirtiendo que deben ser implementadas y de las consecuencias del incumplimiento, figurando entre las mismas la limitación del acceso al centro de personal no esencial y aconsejó realizar un plan de contingencia, por lo que se instauró un sistema de cita previa para el acceso y concluye que no hay indicios de que se vulnerara el derecho a la acción sindical o a la huelga de los actores, por autorizar la entrada para el ejercicio de su actividad sindical, aceptándose por la empresa los accesos, mayormente sin restricciones y a veces con las limitaciones derivadas solicitud previa que recogía el plan de contingencia en el que participó el delegado LOLS, siendo la exigencia de la previa petición la que impidió el acceso al RLT y al delegado LOLS el 24 y 25.10 y concluye que no se aprecia la existencia de un entorpecimiento injustificado de la acción sindical.
Resumen: Se cuestiona si procede estimar la pretensión del FOGASA de revisión de prestaciones indebidas formulada al amparo de lo previsto en el art. 146 LRJS, cuando dichas prestaciones han sido reconocidas al trabajador por sentencia firme que estimó su pertinencia, en virtud del efecto del silencio positivo, al no haber resuelto el citado organismo en el plazo de 3 meses la petición de prestaciones que le formuló el trabajador. La Sala IV estima el recurso del demandado y desestima la demanda del FOGASA. Sostiene, con reiteración del criterio anterior, que no cabe apreciar el efecto negativo o excluyente de la cosa juzgada, ex art 222.1 LEC. Resuelve en aplicación del efecto positivo de la cosa juzgada, ex art 224.4 LEC, al considerar que lo resuelto en el primer proceso, en el que se discute sobre la validez del acto administrativo presunto que se produjo porque el organismo dejó transcurrir el plazo previsto normativamente para dar contestación a la petición formulada por un trabajador, aparece "como antecedente lógico" de lo que es objeto del pleito actual, siendo los mismos los litigantes. Lo que pretende el FOGASA no es realmente revisar en perjuicio del beneficiario un acto administrativo declarativo de derechos al amparo del art 146 LRJS, sino dejar sin efecto una sentencia firme. Estimar la pretensión revisoria supondría vulnerar el derecho a la tutela judicial efectiva y seguridad jurídica, en su manifestación del derecho a la ejecución de las resoluciones firmes.
Resumen: La Sala desestima el recurso y confirma la sentencia de instancia, que estimó la demanda de anulación del acto de revisión de la concesión de prestación por desempleo. La ley permite al SEPE la revisión por sí mismo de los actos declarativos de derecho en perjuicio de sus beneficiarios, pero no puede obviarse, que existe un previa declaración de situación legal de desempleo y concurrencia de fuerza mayor por resolución de la Dirección General de Trabajo, quien tiene atribuido el control de la concurrencia de la circunstancia de fuerza mayor derivada de una situación COVID, y que el reconocimiento de la prestación por desempleo tiene como base un acto dictado por otra Administración Pública, de modo que el SEPE no puede revocar su resolución de reconocimiento de la prestación de desempleo si no se deja sin efecto la resolución de la Dirección General de Trabajo, cuestión que no puede resolverse en este procedimiento, pues cuando una Administración Pública tenga que dictar, en el ámbito de sus competencias, un acto que necesariamente tenga por base otro dictado por una Administración Pública distinta y aquélla entienda que es ilegal, podrá requerir a ésta previamente para que anule o revise el acto y, de rechazar el requerimiento, podrá interponer recurso contencioso-administrativo. En estos casos, quedará suspendido el procedimiento para dictar resolución. Trámite que no se ha cumplimentado por el SEPE.
Resumen: La demandante considera que determinados artículos repiten una serie de informaciones falaces y carentes de la más mínima veracidad, falsedades, mentiras e incluso calumnias, a la vez que se usan expresiones infamantes e innecesarias que atentan contra el derecho al honor de los demandantes, tanto expresamente como lanzando insinuaciones y usando términos cuya connotación es manifiestamente ofensiva, así como que dichas expresiones y palabras resultan del todo innecesarias para ofrecer una información, cuya práctica totalidad es falsa, pero es que además también son innecesarias para la mera opinión, la cual no puede constituir una ofensa o un insulto. La Sala confirma la denegación de perjuicio del derecho al honor a valorar, ya que los artículos enjuiciados consisten en el ejercicio del derecho de información y a la vez se ejercita el derecho de libertad de expresión mediante la crítica ya que se contienen valoraciones sobre la actuación de la demandante, por lo que no se aprecia extralimitación ni en el derecho a la información ni en la opinión respecto de la actuación de la empresa y su directivo.
